12/01/2016/Reuters / Enrique Castro-Mendivil
«Ahora quieren liberar a Fujimori, quieren darle el indulto y nosotros no lo vamos a permitir, la ley le dio 25 años de cárcel».
En Perú arranca la campaña para las elecciones generales del próximo 10 de abril. El plazo de inscripción de las candidaturas a la presidencia ya ha finalizado. Como favorita se mantiene Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, un nombre que a muchos peruanos les recuerda constantemente la terrible masacre perpetrada en 1992 en La Cantuta.
Armando Amaro Cóndor fue uno de los estudiantes brutalmente asesinados por el Ejército peruano el 18 de julio de 1992. Junto a él murieron otros ocho alumnos y un profesor de la Universidad de La Cantuta, cerca de Lima. «No puede ser que mi hijo este muerto», exclama Raida Cóndor, madre de Armando, quien compartió su historia con RT.
En aquellos años la tensión era máxima ya que grupos terroristas salpicaban la vida pública y política de Perú. El Gobierno de Alberto Fujimori decidió que era el momento de implementar mano dura y empezó por la Universidad.
Varios centros fueron completamente controlados por el Ejército con el pretexto de luchar contra el terrorismo. Sin embargo, muchos de los que vivieron esos momentos aseguran que lo que se intentó fue borrar cualquier atisbo de oposición política. «En la universidad había mucha actividad política. Hasta antes de la intervención. Participación política abierta. Con la llegada de los militares desaparece», relata Gisela Ortiz Perea, portavoz del grupo Caso La Cantuta.
«El 18 de Julio de 1992 ingresa escuadrón de la muerte (…), alrededor de 30 personas, detienen siete varones, dos chicas y a Hugo Muñoz», relata Ortiz Perea. En un primer momento y pese a que las detenciones fueron bastante violentas, nadie espera un desenlace trágico ya que en esos años de represión era normal que se detuviera a estudiantes y se les pusiera en libertad sin cargos a los pocos días. Sin embargo esta vez iba a ser diferente.
No había duda de que era mi hermano, estaba ahí tirado de costado con sus manos amarradas a su espalda y tenía cuatro impactos bala en su cabeza
Pasó un año sin noticias de los secuestrados, las familias buscaron sin cesar mientras la Policía y el Ejército negaban cualquier implicación.
Sin embargo, el 2 de abril de 1993 llegó al Congreso peruano una información anónima en la que se aseguraba que un comando especial del Ejército cometió el secuestro y asesinato de los 10 desaparecidos y apuntaba a que los cuerpos calcinados se encontraban en un lugar desolado a las afueras de la capital, donde efectivamente fueron hallados.
«No había duda de que era mi hermano, estaba ahí tirado de costado con sus manos amarradas a su espalda y tenía cuatro impactos bala en su cabeza (…), dos le habían destapado el cráneo».
«Cuando yo lo vi así la primera sensación que tuve fue de querer despertarlo, sacudirle y decirle: ‘Te hemos estado buscando todo este tiempo'», confesó la portavoz del grupo Caso La Cantuta.
A partir de ahí comienza un largo y doloroso proceso legal que, contra viento y marera, logra demostrar que los más altos mandos militares y el propio presidente Alberto Fujimori estaban involucrados. En 2009 el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión. Sin embargo, hoy en día los familiares de las víctimas temen que eso puede cambiar.
«Ahora quieren liberarlo, quieren darle el indulto y nosotros no lo vamos a permitir, la ley le dio 25 años de cárcel», enfatiza Raida Cóndor, en referencia a la posible liberación del expresidente Fujimori.
En 2016 habrá elecciones presidenciales en Perú. Todo parece indicar que Keiko Fujimori, hija del exmandatario, presentará su candidatura. Los familiares de los asesinados temen que si llega al poder libere a su padre, algo que borraría los resultados de su lucha por la justicia.
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