31/03/2026/Lcdo. Victor Gomez, El Crepuscular/
Bajo la consigna «Somos los que trabajamos la tierra», líderes gremiales de 12 estados denuncian que el contrabando y el lavado de activos del narcotráfico extranjero están destruyendo la soberanía alimentaria del país.
En un esfuerzo sin precedentes por salvar el sector primario del país, la Integración Nacional de Agroproductores de Venezuela convocó al Encuentro Nacional de Productores Agropecuarios, uniendo a representantes de 12 entidades federales para denunciar la crisis terminal que atraviesa el campo venezolano.
Una voz unificada por el campo
Antonio Escalona, presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de Los Andes (Unagandes), y Andrés Ramírez, presidente de la Integración Andina de Agroproductores, encabezan este movimiento que busca visibilizar el drama de quienes garantizan el alimento en la mesa del ciudadano.
«Nosotros somos quienes llevamos el plato de comida a los hogares venezolanos. No hay mesa sin la arepa, las caraotas y la carne. Sin embargo, hoy el sector productivo se declara en emergencia. Si el campo muere, muere la familia rural y la protección alimentaria de toda la nación», sentenció Escalona.
El golpe mortal del contrabando
Andrés Ramírez denunció que la principal amenaza es el comercio ilegal y el contrabando, una práctica que no solo golpea la economía, sino que pone en riesgo la salud pública al carecer de controles sanitarios. Según datos del gremio, entre el 70% y 80% de los productos hortofrutícolas (papa, zanahoria, remolacha, tomate, cebolla y frutas) que circulan en el mercado nacional son importados ilegalmente.
«Paradójicamente, estos productos tienen precios más elevados en Colombia que en Venezuela. Entran a nuestro país por debajo del costo de producción nacional, lo que hace imposible competir», explicó Ramírez. Ante esta situación, el gremio solicitó formalmente a la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, y al Ministerio de la Defensa una investigación exhaustiva sobre la procedencia de estas mercancías.
Competencia desleal y economías ilícitas
La denuncia más grave señala un factor externo disruptivo: el financiamiento proveniente del narcotráfico en países vecinos.
«Grupos irregulares están invirtiendo en la agricultura de Colombia, Ecuador y Perú como mecanismo para lavar dinero. Esto genera una referencia de precios artificialmente baja contra la que el productor honesto no puede luchar», advirtió Escalona. «Llevar nuestras cosechas al mercado mayorista es hoy antieconómico. Si no se frena este flujo ilícito, familias que han trabajado la tierra por más de 100 años desaparecerán».
Un llamado a la acción
Los productores reafirmaron que Venezuela tiene la capacidad técnica y geográfica para producir el 100% de lo que consume. No obstante, exigen condiciones de justicia económica y seguridad jurídica para evitar que la agricultura venezolana se convierta en un recuerdo del pasado.
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