06/04/2026/Lcdo. Victor Gomez, El Crepuscular/ARC Legal/Visal Immigration/Demócrata/ ELTIEMPO.COM/
En un giro significativo de su política migratoria, el Gobierno de España ha confirmado que el próximo junio de 2026 marcará el fin de la concesión sistemática de permisos de residencia por razones humanitarias para ciudadanos venezolanos. Esta medida, que funcionaba de forma casi automática desde 2019, llega a su término para alinearse con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Durante los últimos siete años, España permitió que los solicitantes de asilo procedentes de Venezuela, a quienes se les denegaba el estatus de refugiado, obtuvieran de manera subsidiaria un permiso de residencia y trabajo por un año, prorrogable, alegando la situación interna del país caribeño. Sin embargo, con la entrada en vigor de las nuevas directrices de la Unión Europea, el Estado español volverá a aplicar el régimen general de extranjería.
A partir de la fecha límite en junio, la denegación de asilo ya no garantizará el amparo humanitario. Cada caso será evaluado bajo criterios individuales estrictos, limitándose a situaciones de vulnerabilidad extrema o salud grave.
Aquellos ciudadanos que ya poseen el permiso por razones humanitarias conservarán su estatus legal. Las autoridades recomiendan iniciar los trámites de modificación hacia permisos de residencia y trabajo ordinarios o arraigo laboral una vez cumplidos los requisitos de cotización.
Venezuela lidera históricamente las estadísticas de solicitudes de asilo en España. Este cambio obliga a los nuevos migrantes a buscar alternativas legales previas, como visados de estudios, trabajo por cuenta ajena o el aprovechamiento de los nuevos supuestos de la reforma del Reglamento de Extranjería.
Expertos en materia migratoria señalan que, si bien la noticia genera incertidumbre, el Gobierno español mantiene abiertas otras vías de regularización, como la reciente Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de extranjeros, que busca dar respuesta a quienes ya se encuentran integrados en el tejido social y económico del país.
Se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publique los detalles técnicos sobre cómo se llevará a cabo la transición para evitar un vacío legal en los expedientes que se encuentren actualmente en trámite.
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