19/05/2026/Lcdo. Victor Gomez, El Crepuscular/
El proceso, liderado por la Asamblea Nacional y el sistema de justicia, abarca a sectores vulnerables de la población reclusa, incluyendo a menores de edad, adultos mayores y personas con patologías crónicas.
En un anuncio de alto impacto para la opinión pública y el panorama político nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó de manera oficial el inicio de un proceso de excarcelación que beneficiará a 300 personas privadas de libertad en todo el territorio venezolano.
De acuerdo con las declaraciones del parlamentario, los trámites administrativos comenzaron formalmente este lunes y se proyecta que concluyan el próximo viernes. La medida está enmarcada en el otorgamiento de beneficios especiales basados estrictamente en razones humanitarias y de vulnerabilidad.
Durante su comparecencia ante los medios, el dirigente detalló que la selección de los beneficiarios responde de forma prioritaria a condiciones particulares de salud y susceptibilidad, más allá de la naturaleza de sus causas judiciales. El listado incluye de forma específica a adultos mayores y menores de edad, mujeres embarazadas o en período de lactancia y internos que presentan patologías médicas crónicas, graves o delicadas.
Rodríguez aclaró que, si bien algunos de los ciudadanos seleccionados estaban vinculados a hechos delictivos ya demostrados judicialmente, la prioridad del Estado en este momento ha sido salvaguardar los criterios de salud.
Entre los nombres y grupos específicos mencionados formalmente por el legislador se encuentran los exfuncionarios de la Policía Metropolitana (detenidos por los sucesos de abril de 2002), la adolescente Samantha Hernández (de 16 años de edad), y ciudadanas como Mary Perfecta Torres, quien figuraba en investigaciones relacionadas con presuntos planes de atentados en la ciudad de Caracas.
El presidente del Parlamento enfatizó que este procedimiento no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política continua de revisión de expedientes impulsada directamente por los órganos competentes del sistema de justicia venezolano.
Finalmente, las autoridades destacaron que las instituciones mantendrán una evaluación activa y permanente de la población penitenciaria. El objetivo de mantener estas mesas de revisión es identificar a otros internos que cumplan con condiciones especiales similares para determinar la viabilidad de futuras medidas sustitutivas de libertad.
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