19/01/2026/Victor Gomez, El Crepuscular/Euronews / Yahoo/Swissinfo / EFE/LaSexta/El Tiempo
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla ha dictado hoy una sentencia histórica de 40 años de prisión contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, por su responsabilidad directa en la sistemática violación de derechos humanos contra comunidades indígenas en el norte de Colombia.
El veredicto: Una década de terror documentada
La sentencia ratifica la culpabilidad de Mancuso en 117 hechos delictivos perpetrados por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2002 y 2006. Entre los crímenes detallados por el tribunal se encuentran:
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Masacres y homicidios selectivos de líderes y autoridades tradicionales del pueblo Wayúu.
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Desplazamiento forzado de miles de familias de sus territorios ancestrales en La Guajira.
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Desapariciones forzadas y actos de tortura utilizados como método de control social.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ha impuesto una multa reparatoria de 14 millones de dólares destinada al fondo de reparación de víctimas.
El choque entre Justicia y «Gestoría de Paz»
Este fallo judicial genera una encrucijada legal para el Ejecutivo. Aunque la condena de 40 años es la máxima permitida, su ejecución efectiva dependerá del cumplimiento de los compromisos de Mancuso bajo la Ley de Justicia y Paz, que contempla penas alternativas de 8 años a cambio de verdad plena.
Actualmente, Mancuso ejerce como «Gestor de Paz» designado por el Gobierno Nacional, una figura que le permite libertad de movimiento para mediar en diálogos con grupos armados activos. El tribunal ha subrayado que cualquier incumplimiento en la entrega de bienes o en el relato de la verdad resultará en la revocatoria inmediata de sus beneficios y el cumplimiento total de los 40 años de cárcel.
Reparación para los pueblos originarios
Líderes de la comunidad Wayúu han recibido la noticia como un paso «necesario pero insuficiente», instando al Estado a que la reparación no sea solo monetaria, sino que incluya el retorno seguro a sus tierras y el desmantelamiento de las estructuras criminales que aún operan en la región.
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