22/05/2025/Victor Gómez, El Crepuscular/LA NACION/BBC News Mundo
Después de más de tres años de un régimen de excepción que transformó radicalmente el panorama de seguridad en El Salvador, las autoridades oficiales sostienen haber desmantelado la estructura criminal predominante de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18. Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, “el gobierno criminal de la MS-13 en El Salvador está destruido”, una declaración que en los barrios antes dominados por extorsiones y violencia permite hoy vislumbrar un respiro en la vida cotidiana de los ciudadanos.
El informe “Situación actual de las pandillas en El Salvador”, elaborado por la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y difundido a medios internacionales, revela que, si bien la presencia territorial y la operatividad visible de las maras se ha reducido de forma drástica, aún se detectan remanentes que han buscado reorganizarse en áreas rurales y zonas fronterizas. Estos pequeños núcleos operativos, al adoptar tácticas menos abiertas para evadir las acciones de las fuerzas de seguridad, indican que la transformación del entramado criminal es un proceso aún en evolución.
Las políticas de “mano dura”, iniciadas tras la declaración del estado de excepción en marzo de 2022, han resultado en la detención de decenas de miles de individuos vinculados a actividades delictivas de alto impacto, con una notable reducción de los índices de violencia y extorsión. En barrios que históricamente estuvieron bajo el control de estas estructuras, los testimonios de vecinos reflejan una recuperación del uso del espacio público y una mayor sensación de seguridad, elementos que contrastan con décadas de miedo y represión por parte de las pandillas.
Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad han manifestado su preocupación por el elevado número de detenciones y la aplicación de medidas a veces cuestionadas en términos de garantías procesales. Estas voces críticas subrayan que, aunque la ofensiva contra las maras ha tenido un impacto positivo en la reducción de la violencia, el uso de un régimen de excepción extensivo podría derivar en abusos de poder y en la vulneración de derechos fundamentales; elementos que deberán ser objeto de revisión y debate en la etapa de “normalización” de la seguridad.
El gobierno salvadoreño asegura que, a pesar de estos logros, la lucha contra cualquier intento de reagrupación criminal no se dará por concluida. Se mantienen operativos y coordinaciones con autoridades internacionales para identificar y actuar ante cualquier vestigio de las organizaciones delictivas que intente resurgir en formas más discretas. La apuesta, según las autoridades, es consolidar un modelo de seguridad integral que combine la firmeza contra el crimen organizado con el respeto por el debido proceso y el fortalecimiento del tejido social.
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