15/08/2017/EFE
Al menos 21 alcaldes opositores han sido procesados por la Justicia durante el Gobierno de Nicolás Maduro, en el poder desde abril de 2013, según informó hoy a Efe el abogado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).
El jurista explicó que los tribunales del país han emitido órdenes de captura contra seis ediles que actualmente están prófugos de la Justicia, mientras que hay otros cuatro burgomaestres con medidas privativas de libertad y que engrosan la lista de los llamados «presos políticos».
Por ejemplo, los alcaldes Ramón Muchacho y David Smolansky de los municipios caraqueños Chacao y El Hatillo, respectivamente, están prófugos tras ser condenados recientemente a 15 meses de prisión por permitir la instalación de barricadas durante la actual ola de protestas que ha dejado más de 120 muertos.
Asimismo, Antonio Ledezma y Alfredo Ramos, elegidos ediles en Caracas y en Barquisimeto (oeste), respectivamente, están bajo medidas privativas de libertad.
El abogado detalló también que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado medias cautelares contra otros cinco alcaldes -que les advierten penas de cárcel-, cuatro ya fueron destituidos mediante distintos mecanismos y otros dos tienen procesos judiciales abiertos, uno de ellos por presunta relación con un homicidio.
La organización no gubernamental tiene además información de varios diputados, concejales y dirigentes políticos sin cargo de elección popular, todos contrarios al Gobierno socialista, que están bajo arresto, o han sido «perseguidos, intimidados o destituidos».
Romero cree que con todos estos casos el Gobierno busca excluir e intimidar a los adversarios políticos y, de retruque, hacer «propaganda» de poder para «desmoralizar» a la militancia antichavista.
En los últimos meses, una decena de opositores, algunos potenciales candidatos a gobernadores en los comicios de octubre, han sido enjuiciados, encarcelados o inhabilitados políticamente; mientras que otros se han exiliado o han ido a la clandestinidad para escapar del sistema de justicia, al que acusan de parcial e ilegítimo.
El Supremo y la Contraloría General son, respectivamente, para la mirada del antichavismo, un bufete y un verdugo al servicio de la llamada revolución bolivariana, que ahora cuenta con una todopoderosa Asamblea Constituyente.
Mientras el máximo juzgado ha destituido y ordenado prisión para varios alcaldes, la Contraloría ha eliminado mediante sanciones administrativas a fuertes contendientes para las votaciones regionales, como los excandidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales.
Los dos políticos tienen prohibido aspirar a cargos de elección popular por haber cometido supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante sus gestiones al frente de las gobernaciones de los estados Miranda (litoral) y Zulia (oeste), respectivamente.
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