23/03/2025/Victor Gómez, El Crepuscular/SinEmbargo/El Dictamen
En una decisión que ha generado controversia, la Administración Trump ha suspendido la financiación destinada a proporcionar servicios legales a más de 26,000 niños inmigrantes no acompañados. Este programa, con un presupuesto aproximado de 200 millones de dólares, ofrecía representación legal y talleres informativos para menores en centros de detención.
La medida ha suscitado preocupación entre defensores de los derechos humanos y expertos legales, quienes destacan que el acceso a un abogado es crucial para que estos niños puedan navegar el complejo sistema de inmigración de Estados Unidos. Sin representación legal, muchos enfrentan un mayor riesgo de deportación, incluso en casos donde podrían calificar para permanecer en el país.
Organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno a reconsiderar esta decisión, argumentando que afecta a una de las poblaciones más vulnerables. «Estos niños ya enfrentan circunstancias extremadamente difíciles. Negarles acceso a servicios legales es una violación de sus derechos fundamentales», afirmó un portavoz de una organización sin fines de lucro.
La suspensión de la financiación forma parte de una serie de medidas más amplias implementadas por la Administración Trump en su enfoque hacia la inmigración. Mientras tanto, grupos de defensa y legisladores han prometido continuar luchando para garantizar que estos niños reciban el apoyo que necesitan.
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