20/05/2017/EFE
La cohesión del chavismo sufrió hoy un golpe luego de que la fiscal general de Venezuela, la oficialista Luisa Ortega Díaz, expresase su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Gobierno, por considerar que cambiar la Carta Magna «aceleraría la crisis» en el país caribeño.
Según una carta difundida por varios medios locales que, aseguran, es la respuesta de la fiscal al jefe de la comisión presidencial para el proceso constituyente, Elías Jaua, Ortega comunicó su rechazo a esta iniciativa y sostuvo que la actual Constitución es «inmejorable».
En esta misiva, la fiscal opina que, «para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente, ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución».
Y, por el contrario, afirma que el llamado a Constituyente hecho por el presidente Nicolás Maduro «en lugar de propiciar equilibrios o generar un clima de paz (…) aceleraría la crisis» y «generaría un alto grado de incertidumbre».
Esta es la segunda vez que la fiscal fija una posición adversa al Gobierno de Maduro.
La primera fue a finales de marzo pasado cuando afirmó que se había producido una «ruptura del hilo constitucional» en el país tras las dos sentencias del Supremo que despojaban de sus funciones al Parlamento -controlado por la oposición-, y limitaban la inmunidad de los diputados.
La fiscal ha criticado al Gobierno de Maduro por la violencia desatada en el marco de una ola de manifestaciones que ha sacudido la nación caribeña en los últimos 49 días, que según los datos del Ministerio Público se han saldado con 46 fallecidos.
Este viernes murieron, sin embargo, dos personas más, un joven de 18 años herido de bala en la cabeza en el estado Táchira, según la Fiscalía -que no aclara si fue en una protesta- y un policía que recibió un disparo de un francotirador el pasado lunes en el estado Carabobo, según el gobernador de esa entidad, Francisco Ameliach.
El Gobierno culpa a la oposición de estas víctimas mientras que los opositores responsabilizan al Ejecutivo.
El dirigente opositor Henrique Capriles aseguró hoy que el anuncio del Gobierno de elevar a una segunda fase el Plan Zamora (del que se desconocen detalles) en el oeste del país para «mantener el orden interno» es solo una notificación del «uso de grupos paramilitares como fuerza de choque para acabar con las protestas».
«Ya lo viene haciendo, pero ya formalmente le notifica a todos sus comandos de que la fase dos significa el uso de grupos paramilitares como fuerza de choque para acabar con las protestas, con las manifestaciones», afirmó Capriles en rueda de prensa.
El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela dijo que, tras esta decisión gubernamental, «ha habido un incremento en el número de personas asesinadas» en escenarios de protesta, y remarcó que solo en el estado Táchira (oeste) se han registrado cinco víctimas mortales.
Entretanto, el Gobierno de Nicolás Maduro continúa en su afán de reformar el orden jurídico del país y luego de varias peticiones a la Iglesia católica para que esta acudiera al llamado a conversar sobre la Constituyente, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) recibió hoy a la Comisión Presidencial para este proceso.
Luego de este encuentro, los obispos reiteraron que redactar una nueva Carta Marga «es innecesario» por dos razones; la primera porque «lo que necesita no es una reforma sino pleno cumplimiento», dijo a la prensa el presidente de la CEV, monseñor Diego Padrón.
La segunda razón es que «lo que el pueblo necesita» y «reclama» es «comida, medicina, seguridad, paz y elecciones justas».
Padrón señaló que la CEV asumió «una actitud de escucha» que era lo «fundamental» y que este punto se cumplió a «cabalmente».
Sin embargo, el líder religioso consideró que el encuentro «rompe algunas barreras que se oponen al diálogo», y podrían permitir que este acercamiento «se prolongue en una forma mucho más concreta para el servicio del pueblo».
Las calles de Venezuela vivieron hoy una aparente tregua tras 49 días de protestas, mientras la oposición reiteró su llamado a manifestarse en los próximos días.
Este sábado los opositores pretenden dar la «mayor demostración de fuerza» hasta el momento, mientras que el lunes apoyarán en las calles al sector salud que se movilizará para exigir que se resuelva la «crisis humanitaria» en el país.
Estas convocatorias forman parte de una agenda de manifestaciones que inició hace mes y medio cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió las sentencias contra el Parlamento y por lo que este jueves el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones económicas al presidente del Supremo venezolano, Maikel Moreno.
Las sanciones fueron aplicadas a los siete magistrados de la Sala Constitucional de la corte por «usurpar la autoridad» del Poder Legislativo del país caribeño.
Ante esto, Moreno dijo hoy que EE.UU. procura «intimidar» a los jueces para «mellar» la independencia del Poder Judicial.
«El Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica intenta coaccionar e intimidar la conciencia de los magistrados del máximo órgano judicial de la República Bolivariana de Venezuela para así imponer una agenda al margen de las leyes y del proceso democrático en nuestro país», dijo Moreno.
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