20/04/2017/AP
La oposición venezolana llamó el jueves a una nueva jornada de manifestaciones contra el gobierno, que pese al gran despliegue de fuerzas de seguridad no ha logrado contener las protestas que en tres semanas han dejado ocho muertos, más de un centenar de heridos y 500 detenidos.
Tras la multitudinaria marcha de la víspera, la oposición retó de nuevo al gobierno con movilizaciones que partirán de 26 puntos de Caracas para llegar hasta la Defensoría del Pueblo, en el centro de la capital.
Centenares de policías y guardias nacionales fueron desplegados en varios puntos de la ciudad y en la sede del organismo estatal.
El líder opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles pidió a sus seguidores vencer el miedo y combatir de forma pacífica la represión.
«No descansaremos hasta que en Venezuela se recupere el hilo constitucional», sentenció Capriles al advertir que la oposición mantendrá las protestas hasta que logre elecciones libres, un canal humanitario para alimentos y medicinas, la libertad de los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional.
«Miedo tiene (Nicolás) Maduro», afirmó el dirigente al acusar al mandatario de utilizar a los cuerpos de seguridad para «reprimir al pueblo».
El gobernante reiteró la víspera que la oposición está promoviendo un golpe de Estado y descartó la posibilidad de ceder ante las presiones de sus adversarios.
Mientras se desarrollaban las protestas en Venezuela el miércoles, el gobierno de Maduro tomó el control de la planta de General Motors, acción que según la firma constituye un embargo ilegal de sus activos.
El fabricante de automóviles de Detroit dijo en un comunicado que otros activos -como los vehículos- fueron retirados de la planta y agregó que se defenderá legalmente. La empresa emplea a 2.700 trabajadores en Venezuela.
El líder del oficialismo y diputado Diosdado Cabello denunció la noche del miércoles que la oposición impulsa una «agenda desestabilizadora» para promover acciones violentas en todo el país y justificar una intervención en Venezuela de los organismos internacionales.
Maduro activó esta semana un plan militar para ampliar la presencia en las calles de los cuerpos de seguridad. Asimismo anunció la ampliación de las milicias a 500.000 civiles uniformados y prometió entregarle fusiles a cada uno de ellos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación y sostuvo que el despliegue de fuerzas militares y civiles uniformados representa una «grave amenaza» a los estándares en materia de protección de la seguridad ciudadana y de los derechos humanos. Amnistía Internacional se sumó a los cuestionamientos y exigió a las autoridades venezolanas garantizar el derecho a la población a manifestar en las calles.
Al referirse a la crisis venezolana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmó que Washington está preocupado porque el gobierno de Maduro no permite a las voces de la oposición ser escuchadas y dijo que trabaja con otros a través de la OEA para comunicar las inquietudes sobre el caso.
Las tensiones políticas se reactivaron a fines de marzo luego de dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en las que asumió las competencias de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los legisladores. La Asamblea quedó bajo el control de la oposición en 2016 luego de 17 años de estar en manos del oficialismo.
El máximo tribunal, señalado de ser afín al gobierno, revirtió a inicios de abril los polémicos dictámenes pero las protestas no han cesado.
Las manifestaciones, que se han extendido por tres semanas, han dejado ocho muertos -tres de ellos la víspera- más de un centenar de heridos y unos 500 detenidos, según estimaciones de la organización humanitaria Foro Penal Venezolano.
La Fiscalía General anunció el jueves la detención de un hombre por su presunta vinculación con la muerte de Paola Ramírez, de 23 años, quien falleció la víspera tras ser baleada durante una manifestación opositora en la ciudad suroccidental de San Cristóbal, en el estado de Táchira.
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