16/12/2025/Victor Gómez, El Crepuscular/el informador/el universal/infobae/la nacion/
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva (ADM), en un intento por enfrentar la creciente crisis de opioides que ha cobrado cientos de miles de vidas en el país.
Durante el anuncio en la Casa Blanca, Trump afirmó que el fentanilo “ha matado a más estadounidenses que muchas guerras” y que su administración no permitirá que continúe devastando comunidades. La medida busca elevar la lucha contra el narcotráfico al nivel de amenaza de seguridad nacional, habilitando recursos militares, financieros y diplomáticos para combatir su producción y distribución.
El Departamento de Justicia endurecerá las penas contra traficantes y distribuidores. El Departamento del Tesoro podrá sancionar instituciones financieras vinculadas al comercio ilícito. El Pentágono actualizará protocolos de defensa para responder a incidentes químicos que incluyan fentanilo.
La decisión ha generado reacciones inmediatas en el ámbito internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó que el fentanilo también tiene usos médicos legítimos y que la estrategia debería enfocarse en atender las causas sociales del consumo. Por su parte, China reiteró su compromiso de cooperar en la reducción del envío de precursores químicos.
De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), más de 250.000 estadounidenses murieron entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilo. La DEA sostiene que gran parte del suministro ilícito proviene de México, con insumos químicos originados en Asia.
La clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva marca un giro histórico en la política antidrogas de Estados Unidos. La medida promete intensificar la presión sobre cárteles y redes internacionales, aunque plantea interrogantes sobre sus efectos en la cooperación diplomática y en el acceso a usos médicos legítimos de la sustancia.
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