28/02/2026/Lcdo. Victor Gomez, El Crepuscular/RTVE / EFE/Diario El Tiempo/Swissinfo
En un giro sin precedentes para la historia contemporánea del país, Venezuela ha comenzado la implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, sancionada por la Asamblea Nacional y promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La normativa, que entró en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.990, busca cerrar un ciclo de conflictividad política que se ha extendido por más de dos décadas.
La ley concede una amnistía general para delitos y faltas políticas cometidos entre el 1 de enero de 1999 y febrero de 2026. El texto abarca episodios críticos como los sucesos de 2002, las oleadas de protestas de la última década y las manifestaciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
No obstante, el instrumento establece exclusiones claras. No podrán beneficiarse de la amnistía quienes estén incursos en violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Acciones armadas o de fuerza contra la soberanía nacional (como la Operación Gedeón o ataques a instalaciones militares) y rebeliones militares específicas que el Estado considera fuera del marco de la protesta civil.
Desde el anuncio del «nuevo momento político» en enero de 2026, el proceso de excarcelaciones se ha acelerado. Según reportes de la organización Foro Penal, hasta la fecha se han verificado más de 450 excarcelaciones, aunque la ONG advierte que aún permanecen tras las rejas más de 560 personas por motivos políticos, debido a las restricciones de la propia ley.
Por su parte, el Ejecutivo defiende la medida como un «acto de desprendimiento y grandeza» necesario para la estabilidad nacional, en un contexto donde el país también busca reactivar su industria petrolera mediante la flexibilización de controles estatales y la atracción de capital extranjero.
Mientras figuras de la oposición como Enrique Márquez han respaldado la ley como un paso hacia la reconciliación, organismos internacionales como la ONU han instado a que la aplicación sea imparcial y no deje fuera a defensores de derechos humanos.
La implementación de esta ley coincide con una renovación profunda de los poderes públicos, incluyendo el inicio de postulaciones para los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo, lo que sugiere un intento de institucionalizar la nueva etapa política del país.
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