12/03/2017/El observador
Un repaso por la decadente situación del país caribeño, sumergido en una crisis a todo nivel y sin vistas de recuperación en el futuro próximo. El gobierno de Nicolás Maduro tiene mucho que ver con este desastre
Grave crisis política, penosa situación económica, sistema industrial colapsado, una sociedad profundamente dividida, una inseguridad galopante, presos políticos, desabastecimiento de alimentos, escasez de agua en algunas regiones, faltante de medicamentos básicos y cortes de luz, en un país rico en petróleo. Venezuela se autoflagela y la clase política dominante agrava aun más la situación, tomando posturas —desde hace tiempo— cada vez más totalitarias. El gobierno de Nicolás Maduro, el delfín y heredero del fallecido Hugo Chávez, con su ineficiencia, testarudez o maldad —usted elija— está empeñado en ahogar cualquier tipo de recuperación en el corto plazo.
Para desglosar este patético panorama hay que proseguir con orden. Lo primero, la crisis política, que viene dada desde los tiempos del comandante Chávez, el mentor del «socialismo del siglo XXI», gran responsable de partir a Venezuela por la mitad. Chávez lo logró mediante reformas constitucionales —eso sí, por voto (aunque las denuncias de tongo nunca faltaron)— y gracias a copar todas las instituciones del país con chavistas. Así sucede con el máximo tribunal de justicia o con la Corte Electoral. Tras la muerte del líder carismático en 2013, Maduro asumió el mando.
Hoy la tensión se interpreta en torno a la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, cuando la oposición, por primera vez en el chavismo, logró hacerse con la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional. Desde que asumió ese nuevo Parlamento, en enero del año pasado, la puja oficialismo y opositores se agigantó y la brecha se expandió. La gestión de Maduro, según encuestas, es rechazada por 8 de cada 10 venezolanos.
El pretendido diálogo entre las partes, en el que medió incluso el Vaticano, ha caído en saco roto. La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) congeló las negociaciones el 6 de diciembre para presionar al gobierno a fin de que acepte un adelanto de las elecciones presidenciales, previstas para diciembre de 2018, pero Maduro descarta de plano esa posibilidad.
En enero pasado, la oposición —que ha mostrado significativas diferencias internas— cerró totalmente la posibilidad de un diálogo. El camino hacia las presidenciales de 2019 se aventura largo. Maduro, que no quiere saber nada con ceder en las exigencias de sus rivales, aseguró que buscará en el papa Francisco al intermediario para volver a las conversaciones. Según sus adversarios, solo busca ganar tiempo para aferrarse al poder.
Antes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) paralizó un referéndum revocatorio que había sido liderado por la oposición en la Asamblea Nacional. En octubre pasado, el CNE decidió paralizar el proceso de recolección de las firmas del 20% de los electores del país, obedeciendo las órdenes emanadas de juzgados de varios estados, según dijo en un comunicado.
El CNE justifica la decisión por las medidas cautelares dictadas por diferentes jueces de primera instancia (de Apure, Aragua, Bolívar y Carabobo) donde fueron admitidas a trámite querellas criminales presentadas por el oficialismo contra la recolección de firmas que comenzó en abril. El oficialismo había denunciado entonces un fraude masivo cuando la oposición dijo tener las firmas del 1% del electorado para solicitar el revocatorio.
Adiós, Mercosur
A nivel regional, con la Organización de los Estados Americanos (OEA) a la cabeza, a excepción de países como Bolivia o Nicaragua —Uruguay siempre fue ambiguo en cuanto a Venezuela—, se veía esta consulta revocatoria como forma de salir de la crisis. Poco después, la nación caribeña fue suspendida del Mercosur, con lo que aumentó la presión sobre Maduro. Venezuela calificó el hecho de «golpe de Estado». Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay dieron por cumplido el 1° de diciembre el plazo dado a Caracas para adecuarse a las normas comerciales del bloque.
Signo de que se había perdido la paciencia con Caracas, ese día los cancilleres de los otros miembros del Mercosur consideraron cumplido el plazo para adecuar sus normativas internas a las del bloque, un compromiso que Venezuela asumió en 2012 cuando pidió convertirse en miembro pleno. En la práctica, la suspensión implica que Venezuela perderá voto, pero no voz, el mismo estatus que hoy tiene Bolivia. A los venezolanos les correspondía la presidencia pro témpore del Mercosur, algo que asumió Argentina en su lugar.
La crisis política de Venezuela no se termina de comprender sin nombrar a los presos políticos, cuyo número se incrementó luego de los enfrentamientos callejeros que tuvieron lugar durante 2014. En febrero de ese año fue apresado el líder opositor Leopoldo López por, según el gobierno, incitar a la violencia y al derrocamiento de Maduro. El presidente lo considera un «terrorista» y un «agente de la CIA».
Pero lo último es igualmente grave. A mediados de enero pasado, cuatro adversarios del gobierno de Maduro fueron encarcelados en Venezuela tras la activación de un «comando antigolpe», el puño de hierro con el que, según analistas, el presidente enfrentará a la oposición entre estas crecientes tensiones.
Tres días después de que la mayoría opositora en el Parlamento declarara a Maduro en «abandono del cargo», culpándolo de la crisis política y económica, el general en retiro Raúl Baduel (exchavista) fue enviado nuevamente a prisión. Otro de los detenidos resultó ser Gilber Caro, diputado suplente. Según la Justicia, Caro portaba un arma y explosivos, «materia de guerra de uso exclusivo de la Fuerza Armada».
El ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, aseguró que fue develado «un plan terrorista desestabilizador», con el cual vincula a los detenidos y a Lilian Tintori, esposa del encarcelado López. La Asamblea Nacional exigió la inmediata liberación de los detenidos y rechazó lo que considera una persecución del gobierno de Maduro.
Colapso económico
Y, ¿qué decir de la economía? Un desastre en toda regla. A la falta de divisas para importar, con la industria local en bancarrota, que deriva en un desabastecimiento de vergüenza, ni el petróleo salva a Venezuela, a pesar de ser el quinto productor mundial.
Además, el mes pasado se conoció que por segundo año consecutivo Venezuela encabeza la lista del «índice de miseria» (Misery Index) por poseer las peores condiciones económicas del planeta, al acumular el año pasado una lectura que fue casi siete veces mayor que Argentina, su más cercano competidor en el ranking mundial, según el diario El Nuevo Herald. El indicador está basado en la sumatoria de la tasa de inflación, desempleo y de interés.
«Venezuela mantiene su ignominioso lugar como el país más miserable de 2016, como lo hizo en 2015. Los fracasos del socialista y corrupto estado petrolero han sido bien documentados a lo largo del año pasado, incluyendo cuando Venezuela registró la quincuagésimo séptima instancia de hiperinflación en el mundo», declaró el lapidario informe. El factor que más contribuyó en la lectura de los dos países fue la enorme tasa de inflación.
En ese contexto, a mediados de enero de 2017 los venezolanos comenzaron a transar con nuevos billetes que superan hasta 200 veces el saliente de mayor valor en medio de una imparable inflación que devora su moneda, indicó un reporte de la AFP. Bancos de Caracas entregaron en esa fecha los primeros billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares.
A la primera de cambio, los ciudadanos se enfrentaron con dificultades. «Un cliente llegó con varios de 5.000 y me quería pagar un café (que cuesta 150 bolívares). Le dije que no, ¿cómo hago para darle el cambio?», comentó a la AFP Luis Ubillús, comerciante del centro capitalino.
Con las nuevas denominaciones, el gobierno busca paliar los efectos de la inflación, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó en 700% durante 2016, siendo la más alta del mundo. «El gobierno no ha difundido datos del costo de vida en 2016, pero los venezolanos ven a diario cómo se esfuman sus devaluados bolívares», añadió el informe de la AFP.
Desde el 8 de enero, el sueldo mínimo fue incrementado a 40,638 bolívares (US$ 60 a la tasa oficial y US$ 12 a la del mercado negro), muy por debajo de lo necesario para completar la canasta básica alimentaria, según estimaciones privadas.
En tanto, el FMI estima en 10% la contracción del PIB venezolano, lo que lo convierte en el país con el peor desempeño económico del mundo en 2016; y esa proyección se sitúa en el extremo optimista del espectro. Economistas privados estiman la contracción en hasta 15%.
«Más maduros»
Después del tercer y peor año que ahora califica como una verdadera depresión, Venezuela ha perdido alrededor de una quinta parte de su producción. «Se podría decir que esta es una economía de guerra», dijo José Manuel Puente, economista del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas. «Pero este año las cifras de Venezuela son peores que las de las economías en guerra».
Este panorama ha generado la escasez de dos tercios de los bienes básicos. Esta situación obliga a la gente a hacer largas colas para adquirir alimentos subsidiados —también es muy complicado conseguir papel higiénico—, que se suma a la sequía de dólares por la drástica caída de los precios del petróleo, generador del 96% de las divisas en este país dependiente de las importaciones.
Otro efecto de este desastre es la emigración de venezolanos a diferentes partes del mundo, entre ellas Uruguay. De acuerdo al semanario Búsqueda, la Dirección Nacional de Identificación Civil entregó 2.576 documentos a venezolanos el año pasado; mientras que la Dirección Nacional de Migraciones registró el ingreso por «diferentes vías» de 12.108 ciudadanos de Venezuela en 2016. En 2015 habían sido 13.728 los venezolanos que arribaron al país.
No obstante, esta realidad no es reconocida por el presidente Maduro. En su burbuja quiere «llevar la verdad al mundo». Es más, cree que al finalizar 2016 salieron «más maduros», valga o no la redundancia. «Algo debe tener este presidente obrero (refiriéndose a él mismo) para resistir cuatro años de guerra mundial», declaró lo más suelto.
Caribe inseguro
El pasado 28 de diciembre el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), organización no gubernamental dedicada al estudio de la violencia en Venezuela, presentó su informe anual de 2016 con cifras alarmantes que ubican el país como el segundo más violento del mundo y a Caracas como la ciudad más peligrosa del mundo.
«Contando con fuentes primarias oficiales y con las informaciones de terreno recabadas en los seis observatorios regionales de violencia, para 2016 estimamos una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes y un total de 28.479 fallecidos en todo el territorio nacional, que deriva de la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 18.230 casos», indica el informe. En 2016 en Siria murieron 17 mil personas, entre ellas 2.000 niños; en Venezuela, sin guerra oficial se superó esta cifra en casi 12 mil personas.
Según la OVV, en 2016 aumentó el uso de un armamento más poderoso y letal por parte de los delincuentes: la proliferación del uso de granadas en enfrentamientos con los cuerpos policiales, situaciones de secuestros y en conflictos dentro de las prisiones. El uso de armamento de guerra permitió no solo enfrentamientos abiertos en batallas defensivas con las fuerzas de seguridad, sino el pase a la ofensiva con emboscadas y ataques a las sedes policiales.
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