17/06/2017/La Tercera
Para la bancada chavista de la Asamblea Nacional venezolana, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, sufre de una “insania mental” que podría llevar al país liderado por Nicolás Maduro hacia una “guerra civil”. “Vamos a ir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a solicitarle (…) que se conforme una junta médica de expertos, de peritos, psicólogos y psiquiatras que le hagan una evaluación a la señora”, dijo el martes el diputado oficialista Pedro Carreño.
Ese día la fiscal volvió a pedirle al TSJ -acusado de ser un monigote del gobierno- anular la convocatoria de una Asamblea Constituyente, iniciativa que ha dividido a chavistas y desatado sendas críticas de la oposición.
El diputado Carreño no es el único que opina que la fiscal “no está en sus cabales”, ya que su giro radical, de fiel chavista a crítica de Maduro, la ha llevado a convertirse en la mayor enemiga del Ejecutivo venezolano. O al menos en una de las que cuenta con más apoyo, ya que sus acusaciones tienen eco tanto en la oposición como en los chavistas más duros.
Hace sólo dos años que Luisa Ortega juró ante la Asamblea Nacional -entonces controlada por el oficialismo- como fiscal general por un segundo período. En ese entonces fue ovacionada por la mayoría parlamentaria y el entonces número dos del régimen, Diosdado Cabello (que pidió perdón hace pocas semanas por esa decisión) lideró la juramentación. En ese periodo la fiscal general era una de las chavistas más fieles al gobierno de Maduro.
Esta abogada de 59 años tiene una larga carrera en la administración pública. Su relación con el fallecido mandatario Hugo Chávez comenzó en 1998, cuando Ortega trabajaba en un estudio de abogados en el estado norteño de Aragua y se integró a la campaña presidencial del ex coronel. En 2002 ingresó al Ministerio Público, y en 2007 llegó a su puesto actual con el aval de Chávez, en cuyos funerales estuvo en primera fila y visiblemente emocionada, en 2013.
Pero sus lazos con el chavismo van más allá de la política. Está casada con Germán Ferrer, diputado hace más de 10 años por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Ferrer, quien sigue la misma ruta crítica que su esposa, aún se considera un chavista. El hermano de la fiscal, Humberto Ortega Díaz, participó junto a Hugo Chávez (1999-2013) en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y se desempeñó en diferentes cargos, incluyendo el directorio de la extinta Cadivi, organismo encargado de vender divisas.
¿Líder de una transición?
Pero las relaciones terminaron de quebrarse el 31 de marzo, cuando la fiscal sorprendió al denunciar una “ruptura del orden constitucional” luego que TSJ intentara asumir las funciones de la Asamblea, controlado por la oposición. A pesar de que el tribunal revirtió la medida, ésta desató las protestas que se han desarrollado hasta ahora en distintas ciudades.
Desde entonces la arremetida de la fiscal contra el gobierno ha sido constante. Así, se ha opuesto a la convocatoria de la Asamblea Constituyente y ha presentado en menos de dos semanas una seguidilla de recursos legales contra la iniciativa. También ha criticado a las fuerzas de seguridad por reprimir a los manifestantes en las protestas que han provocado 73 muertos. “Lo que está buscando y lo ha hecho con éxito, ha sido representar a un grupo del chavismo que se desmarca de lo que hoy está haciendo el gobierno de Maduro”, explicó a La Tercera el analista político venezolano Miguel Velarde.
A ojos del chavismo, la fiscal tiene los días contados. El mismo Vicepresidente Tareck el Aissami ha explicado en distintas ocasiones que una vez que la Asamblea Constituyente sea electa y tenga la facultad de tomar decisiones, la salida de Ortega será un hecho. El oficialismo sospecha que los movimientos de la fiscal son parte de una estrategia para erigirse como líder de una eventual transición. “Ante el desmoronamiento en el apoyo popular y con resultados económicos y sociales tan desastrosos del gobierno de Maduro, hay un sector de chavistas que está tratando de salvar el proyecto político de Chávez y ven en esto una oportunidad interesante para no cargar con el costo político de la era Maduro”, dice Velarde.
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