14/02/2017/El Confidencial
El Gobierno de Estados Unidos ha incluido al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami en su lista de personas relacionadas con el narcotráfico. Es el miembro del Ejecutivo de Nicolás Maduro con más alto rango al que se le investiga por supuesto tráfico de narcóticos. Pero no es el único.
En un comunicado de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC en sus siglas en inglés), se acusa a El Aissami de “jugar un papel importante en el narcotráfico internacional”, de haber facilitado el envío de grandes cargamentos de drogas, vía aérea y marítima, desde Venezuela y dar protección a otros traficantes. En la acusación mantienen que el antes gobernador del estado Aragua está vinculado con el cartel mexicano de Los Zetas, el capo colombiano Daniel Barrera Barrera, el narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco y supuestamente habría recibido pago de Walid Makled García.
También entró en la denominada Lista Clinton Samark José López Bello, a quien consideran testaferro de El Aissami, con 13 empresas nacionales e internacionales. Por ahora, el presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado al respecto, si bien intervino en un acto en cadena nacional de radio y televisión al rato de conocerse el anuncio de la OFAC.
La medida, que es administrativa y preventiva, se ha anunciado tras varios años de investigación, aseguró John E. Smith, director interino de la OFAC. Viene acompañada de la congelación de las cuentas y bienes en Estados Unidos del vicepresidente venezolano, el veto de entrada al país y la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con él o con sus empresas.
Los que sí tienen encima una acusación formal son Efraín Campos Flores y Franqui Flores de Freitas, los “narcosobrinos”, como se les conoce popularmente en Venezuela, ambos parientes de la primera dama Cilia Flores. Pesan sobre ellos los cargos de conspiración para importar cocaína, y de fabricar y distribuirla con la intención de importarla en Estados Unidos. La sentencia se conoció en noviembre de 2016, un año después de ser arrestados en Haití y extraditados.
La lista no queda ahí. Si bien El Aissami es el más alto cargo del chavismo que entra en la denominada Lista Clinton, no es el primer sospechoso, acusado o preso por narcotráfico entre altos rangos del poder. Desde hace casi 10 años, la lista la engrosan militares, gobernadores, compañeros de Hugo Chávez en el golpe de 1992. Muchos fueron ascendidos en sus cargos tras llegar las acusaciones de Estados Unidos.
En agosto del año pasado, un escrito de acusación emitido desde un tribunal federal de Brooklyn determinaba que los generales Néstor Reverol y Edilberto José Molina habrían sacado suculentas sumas de dinero de los narcotraficantes venezolanos. Al parecer, lo hacían a cambio de avisar cuándo y dónde habría redadas policiales cuando ocupaban los cargos de director y subdirector de la oficina nacional antidroga de Venezuela, respectivamente, entre 2008 y 2010. En ese momento, la respuesta de Maduro fue ascender a Reverol a ministro del Interior.
En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Hugo Armando Carvajal, conocido como “el Pollo Carvajal”, militar retirado, jefe de Dirección de Inteligencia Militar y que en 2012 ocupó el cargo de Presidente de la Oficina Nacional Contra el Crimen Organizado. Luego fue asignado cónsul en Aruba. Se le acusó junto a Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior con Hugo Chávez, y Henry Rangel Silva, exministro de Defensa y cabeza del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
En 2011 se sancionó a Amílcar Figueroa, diputado del Parlatino (PSUV) en el momento; Clíver Alcalá Cordones, golpista del 4F junto a Chávez; Fredduy Bernal, ex jefe de Policía y ex diputado del PSUV; y Ramón Madriz, funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Vassyly Kotosky Villaroel también apareció en la lista Clinton en 2013, acusado de ser un “capo de la droga” con nexos internacionales.
En su momento y con especial ahínco en la prensa española y estadounidense, sonó Diosdado Cabello, al frente de la Asamblea Nacional hasta la victoria de la oposición en 2015, como posible investigado. Fue tras la huida de su jefe de seguridad, Leamsy Salazar, en 2014 a Estados Unidos cuando en varios medios se dijo que estaría suministrando información a la CIA y que el vicepresidente del PSUV estaría vinculado con el narcotráfico, concretamente como cabeza del Cartel de los Soles, grupo radicado en Venezuela y que recibe su nombre de la insignia que se usa en la jerarquía militar de país para distinguir a los generales.
En el Informe de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, si bien el principal país productor de cocaína del mundo es Colombia, con 442 toneladas al año, una cuarta parte (110 toneladas), pasa por territorio venezolano cada año.
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