31/12/2016/El Mundo
Cuando la peruana Máxima Acuña pronunció su discurso a modo de canto en la entrega del Premio Goldman 2016, fue rotunda: «Por defender mis lagunas, la vida me quisieron quitar». Una acusación que se hizo realidad algunos días antes en otro país y contra otra ‘Nobel Verde’: la hondureña Berta Cáceres. El asesinato de esta líder indígena en la noche del pasado 2 de marzo puso de relieve a nivel internacional el hostigamiento que reciben las personas que se dedican a defender la tierra en la que viven, especialmente en América Latina.
Este tipo de acciones han provocado un repunte de la violencia y, como indican las primeras cifras, en diversas partes del mundo murieron en 2016 alrededor de 176 personas, según el grupo de abogados PAN de Asia y el Pacífico (PANAP) y como difundió a mediados de diciembre la Thomson Reuters Foundation. En el año anterior, la ONG Global Witness cifró en 185 el número de muertes registradas en 16 países, lo que supone un aumento del 59% respecto a 2014. En su informe En terreno peligroso destacan Brasil, Filipinas y Colombia como los países más afectados por esta problemática, que no siempre es fácil documentar por lo que las cifras siempre se auguran mayores. PANAP alertó que ese año en Latinoamérica los países más golpeados fueron Honduras, Bolivia y Perú.
Acuña -que ha sufrido todo tipo de ataques por su oposición a que se construya una mina de oro en sus tierras- cerró su intervención, ya sin cantar, con el mismo arrojo con el que vivió Cáceres: «Yo no tengo miedo al poder de las empresas y seguiré luchando». Perú es uno de los países en los que más activistas contrarios a la minería mueren. Global Witness calcula que «el 80% de los 69 asesinatos perpetrados allí desde 2002 estaban relacionados con el sector de la minería».
Una pelea similar fue la que llevó a la líder medioambiental hondureña a perder la vida este año. La coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) había denunciado hasta en 33 ocasiones las amenazas que recibía principalmente por parte de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), la constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra la que mostró su oposición Cáceres.
Su hija Berta Zúñiga Cáceres apuntó como culpable de la muerte de su madre al Gobierno hondureño durante una entrevista con este diario. El periódico británico The Guardian publicó el pasado junio que la líder indígena figuraba en una lista de «objetivos a eliminar» del ejército hondureño. Además, el COPINH reportó la existencia de un supuesto militar infiltrado en su equipo que pasaría información al Ejecutivo, según explicaron a EL MUNDO Gustavo Castro, el único testigo de la muerte de la Premio Goldman 2015 y director de la organización Otros Mundos Chiapas, y un activista solidario de la formación de Cáceres que prefiere mantener el anonimato y que da fe de lo peligroso que es trabajar en el país centroamericano. Castro también alertó sobre las condiciones de «tortura» que sufrió durante su retención en Honduras. En su opinión, el proceso estuvo repleto de «irregularidades» desde el principio, ya que se intentó «criminalizar y culpar al COPINH», detalló a este diario en una visita reciente a España.
Una investigación independiente
El pasado mes de noviembre se anunció la creación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que se está encargando de realizar una investigación independiente de lo ocurrido aquel 2 de marzo, algo que reclamaban desde el principio los familiares de la ambientalista. Este equipo está conformado por cinco abogados con experiencia en violaciones de derechos humanos: Liliana Uribe y Jorge Molano, ambos de Colombia; Miguel Ángel Urbina, de Guatemala; Roxanna Altholz, de EEUU y Daniel R. Saxon, de Holanda.
Mientras se despejan las dudas sobre el caso Berta Cáceres, otros defensores del medio ambiente fueron asesinados o amenazados este año en Honduras. La misma organización de Cáceres perdió a Nelson García y Lesbia Yaneth Urquía, que fue secuestrada y posteriormente asesinada «de un machetazo en el cráneo», según denunciaron a través de un comunicado. El actual coordinador del COPINH, Tomás Gómez Membreño, también ha sufrido varios intentos de asesinato. Otra hondureña, Ana Mirian Romero, recibió este año el galardón Front Line Defenders 2016 por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
De las 185 personas asesinadas registradas por Global Witness, 67 eran indígenas. Poblaciones originarias que tienen derechos ancestrales sobre sus tierras que no suelen ser reconocidos, a pesar de estar recogidos en leyes internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ejemplo, en estos momentos en Ecuador los indígenas
shuar libran una batalla contra la minera ExplorCobres S.A. Precisamente en la Amazonía es donde los enfrentamientos alcanzan su máxima expresión. La ONG Oxfam denuncia que en América Latina la principal fuente de riqueza proviene de los recursos naturales, que a su vez es la fuente de subsistencia de muchos pueblos indígenas.
Activistas y ONG coinciden en la falta de implicación de los gobiernos y en la impunidad sobre aquellos que cometen los asesinatos. Los acontecimientos que traiga el nuevo año determinarán si la muerte de Cáceres sirvió para cambiar algo.
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