28/10/2026/Lcdo. Victor Gomez, CNP 22.123
El Ministerio de Transportes confirma que el puesto de control de Adif en Atocha autorizó la marcha de los convoyes “contra la normativa” tras una avería en el sistema de seguridad LZB. El impacto entre un tren de Alta Velocidad (AVE) y una unidad de Iryo se produjo a 200 km/h en el término municipal de Urda.
La cifra de víctimas mortales tras el colisión ferroviaria registrada este miércoles en el municipio de Urda (Toledo) ha ascendido a 64 personas, según han confirmado fuentes oficiales del Gobierno de Castilla-La Mancha. El incremento en el recuento de fallecidos se produjo a primera hora de la tarde, a medida que los equipos de emergencia y rescate lograron internarse en los vagones más dañados del convoy de la compañía Iryo.
De acuerdo con las primeras investigaciones facilitadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las causas del siniestro apuntan a una cadena de fallos técnicos y de protocolo en la gestión del tráfico ferroviario.
El incidente comenzó a las 8:32 horas con una avería en el sistema de seguridad LZB, la cual provocó la detención automática de seis trenes a lo largo de un tramo de 90 kilómetros. Tan solo ocho minutos después, desde el centro de control de Adif ubicado en la estación de Madrid-Atocha, el operador a cargo autorizó el restablecimiento del servicio.
Según fuentes del Ministerio, esta decisión contravino de manera explícita la normativa de circulación vigente, la cual estipula que en situaciones de restablecimiento tras un fallo de seguridad, la reanudación debe realizarse mediante el protocolo de «marcha a la vista», limitando la velocidad de las unidades a un máximo de 40 kilómetros por hora.
Al no aplicarse dicha restricción, el tren de Alta Velocidad (AVE) reanudó su trayecto hasta alcanzar los 200 km/h, velocidad a la que impactó violentamente contra el tren Iryo a las 8:53 horas.
Despliegue de emergencia e investigación en curso
Desde el momento del impacto, un amplio dispositivo compuesto por servicios de emergencias, bomberos, efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario del SESCAM se mantiene desplegado en el lugar de la tragedia para atender a las víctimas, realizar labores de excarcelación y facilitar el traslado de los heridos a centros hospitalarios de la región.
Tanto el Ministerio de Transportes como la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han abierto las correspondientes diligencias para esclarecer con precisión las responsabilidades humanas y operativas que desencadenaron la autorización irregular del trayecto.
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