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América Latina tiene el reto de que la igualdad de género llegue a todos los poderes

05/04/2016/EFE/ YR

América Latina ha avanzado en los últimos años en la participación igualitaria de en el legislativo, pero aún tiene pendiente que la paridad llegue también a los otros poderes estatales y niveles territoriales para lograr transformaciones en la sociedad.

Esta es una de las reflexiones que se debaten desde hoy en La Paz en el seminario «Profundización de la Democracia Paritaria», organizado por ONU Mujeres y el órgano electoral boliviano.

Al inaugurar el evento, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, la brasileña Luiza Carvalho, resaltó los progresos registrados en la región mediante la ratificación de convenios y la aprobación de normas para alcanzar la igualdad.

Los avances se ven sobre en la participación de las mujeres en los órganos legislativos, siendo Bolivia el caso más destacado en la región, ya que es, después de Ruanda, el segundo país del mundo y el único latinoamericano con paridad en su Parlamento (49 %).

Carvalho remarcó la necesidad de que esa igualdad impregne «todos los poderes» del Estado y descienda a los ámbitos territoriales, en especial al municipal que es «extraordinariamente efectivo para promover transformaciones radicales en la sociedad».

En la región, la participación de las mujeres en los gobiernos subnacionales y municipales no supera el 13 %.

La brasileña dijo a los medios que aunque la representación «está en proceso de crecimiento» en los parlamentos, hay un rezago en el Ejecutivo, «que es donde la transformación social se materializa en la calidad de vida, en mejor acceso a una justicia social» y aún está «totalmente dominado» por hombres.

Recordó que en la región «tuvimos el placer y el honor de decir que teníamos cinco mujeres presidentas», pero ahora «tenemos la tristeza de decir que varias de ellas pasaron o pasan por procesos de violencia política a su imagen, a su historia».

«Hay una forma muy diferenciada de tratamiento a un hombre político y a una mujer política. Eso también denota la predominancia en la región de una mentalidad misógina, machista (…) Nadie está pidiendo un tratamiento diferenciado, estamos pidiendo que mínimamente podamos ser tratados de manera igualitaria», afirmó.

La asesora regional de Liderazgo y Participación Política de la misma entidad, la española Irune Aguirrezabal, subrayó durante su exposición el hecho de que actualmente queden solo dos presidentas en América Latina, la chilena Michelle Bachelet y la brasileña Dilma Rousseff.

Según Aguirrezabal, aquello podría entenderse como un retroceso, si bien consideró que «significa que los liderazgos de las mujeres deben también consolidarse, deben reflexionarse» para comprender «qué significan estos liderazgos y cómo permean toda la sociedad».

Para la experta española, el diagnóstico sobre la situación en la región «sigue siendo deficitario» también por el «coste social» y los factores que «siguen impidiendo, limitando y reduciendo las oportunidades» de las mujeres.

Entre estos factores, Aguirrezabal mencionó las brechas salariales entre hombres y mujeres, la precariedad laboral, la falta de protección social, las tasas de violencia de género y el acoso político, que se ha incrementado de forma proporcional a la mayor presencia de mujeres en esa actividad.

«Defendemos la paridad, a través de la participación de las mujeres en la política, en la toma de decisiones porque somos el 50 % de la población, como el motor para lograr otras transformaciones», manifestó.

El representante de la ONU en Bolivia, el colombiano Mauricio Ramírez, destacó que el concepto de la democracia paritaria «trasciende lo meramente político y por tanto no puede limitarse a incrementar el porcentaje de representación política de las mujeres».

La democracia paritaria debe también impulsar «un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos asuman responsabilidades corporativas compartidas en todas las esferas en su vida pública y privada», agregó.

Según Ramírez, para ello, se requiere una voluntad política y un compromiso «interpartidario e intersectorial que logre modificar los comportamientos que perpetúan la discriminación, la violencia y la desigualdad en la sociedad».

[staff_social]

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