05/07/2016/Jorge Silva/Reuters/RT/Nazareth Balbás
El gobierno de Venezuela puja por constituir un Arco Minero que le permita sacar provecho de los abundantes recursos que posee el país, pero mientras logra, la explotación ilegal abunda y se expande por un vasto territorio, poniendo en peligro kilómetros de selva húmeda y cuencas fluviales.
A las 7:00 de la mañana, un camión cargado de mineros se detiene en El Callao, un pueblo de 21.769 habitantes, ubicado el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Allí, donde empezó la primera fiebre del oro en el país suramericano en 1870.
Los mineros descienden de la parte posterior del vehículo cargados con bateas de madera, picos, barras de metal, cinceles y botellas de agua vacías, y sorben el primer café del día en la bodega Las Madamas, nombre con el que se conocen a las matronas afrodescendientes de colonias británicas y francesas que emigraron junto a los sedientos de oro, y que se honran en un par de estatuas de trajes coloridos en la entrada del pueblo.
Aunque los libros digan que el nombre de El Callao proviene del celta, que quiere decir ‘guijarro, canto rodado’, sus habitantes aseguran que tiene otro origen: un minero que sacaba oro de las arenas del río Yuruari sin decirle a nadie, «que estaba callao’, que estaba escondido», como dice uno de los calipsos más populares de la zona. Por eso, cada vez que alguien descubre nuevas vetas auríferas, la gente suele ir detrás de una «bulla».
De una crisis a otra
En el estado Bolívar, entre 1870 y 1900, la producción del mineral llegó a superar las 2,6 millones de onzas (81 toneladas y media), refiere un estudio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV). La explotación tuvo su máximo esplendor en 1885, cuando el país produjo más de 5% de todo el oro del mundo, sin embargo, la inestabilidad política y financiera internacional precipitó el ocaso de ese esplendor.
En la actualidad, la minería sólo representa el 1,07% del PIB total del país, indica el BCV. El auge de la producción petrolera del siglo pasado cambió el patrón económico de la nación, que hoy depende casi exclusivamente de la exportación de hidrocarburos.
Pero, irónicamente, la caída sostenida de los precios del crudo ha forzado a Venezuela a mirar de nuevo la extracción de minerales como una alternativa para diversificar sus fuentes de ingreso. La propuesta es el Arco Minero del Orinoco.
Más allá del rentismo
Según su decreto de creación, publicado en febrero de este año, el Arco Minero del Orinoco abarcará 111.843,70 km² para la extracción de oro, diamante, hierro, bauxita, dolomita, caolín y otros minerales, que prevén «el estímulo sectorial de las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país», con la participación de 150 empresas mixtas de capital nacional y extranjero. La razón de fondo, refiere el texto, es «la necesidad de impulsar la transición del rentismo petrolero».
El decreto asegura que las actividades en el Arco Minero se harán bajo «los principios de desarrollo del ecosocialismo, cultura, tradiciones y costumbres ancestrales», pero en días recientes, algunos factores disidentes del chavismo interpusieron una demanda de nulidad contra la iniciativa, que fue admitida por la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Por su parte, la oposición venezolana -con mayoría en el Parlamento- ha sido consecuente con su política de bloquear cualquier iniciativa que proponga el gobierno del Presidente Nicolás Maduro para tratar de sortear la coyuntura económica que atraviesa el país. El 14 de junio pasado, si bien votaron por la creación de la zona estratégica, al día siguiente aprobaron un acuerdo para rechazarla.
Viaje al centro de la tierra
Pero ahí, en medio del estado más extenso y el tercero con menos densidad de población, los dimes y diretes de la política nacional no son la prioridad para los casi 300.000 mineros que, se estima, trabajan diariamente en los barrancos y las vetas auríferas de la zona, al margen de la legalidad.
Las comparaciones siempre son odiosas, pero a veces necesarias. En Venezuela, el salario mínimo integral -que incluye el bono de alimentación- es de poco más de 33.000 bolívares mensuales. Ese monto es el mismo que puede obtener un minero «sacando cinco sacos de material por la noche en un barranco», me cuenta Jorge, que trabaja en los yacimientos de oro de la zona.
«Tengo como siete años trabajando en la mina y me va mejor, ahora más, con la crisis. Imagínate, yo tengo tres hijos que mantener. Por lo más poquito que me quede, en un rato agarro 20 o 30 mil bolívares. Saco cinco o seis sacos de material, y de allí salen dos o tres gramas de oro», explica.
Las cuentas son más o menos así: Una grama de oro equivale a diez puntos, y cada grama se cotiza entre los 28.000 o 31.000 bolívares. Los compradores, asegura Jorge, pagan menos los feriados o los fines de semana porque saben que los mineros van a aceptar lo que les den: «Tú sabes, muchos lo que están es pendientes es de ir a beber ron o les toca llevar comida para la casa».
Pero no todo el oro le queda a los mineros. Dentro de la mina deben pagar porcentaje en cada uno de los eslabones que establece «la base», que es como le dicen a las mafias armadas que tienen el control del yacimiento. La cuenta se abulta cuando incluye el pago a los mototaxistas que trasladan los sacos de «material» hasta el molino: por cada diez bultos, debe dejarle dos al conductor.
Por lo general, por cada grama de oro deben pagarse tres puntos al dueño del molino, quien facilita el mercurio para recolectar el mineral entre los sedimentos.
«Antes, uno ponía el azogue. Yo compraba 30 gramas en 6.000 bolívares y las metía en potes de gotas para los ojos, que nosotros le llamamos ‘teteritos’ (biberones). A dos o tres gramas de oro, uno le echa una o dos goticas de azogue. Se le da con la mano y se amontona, después lo exprimes bien y lo quemas», detalla Jorge.
El último paso, que consiste en poner el oro en una cucharilla e incinerarlo con la llama de un fogón, es el más peligroso: “¡Si no le sacas bien el azogue, explota!”. Ese lavado de azogue de la minería artesanal ocurre en los ríos y va a parar a las cuencas del Cuyuní, Caroní y Caura, las venas de agua que recorren el estado Bolívar, inyectadas de mercurio.
Según la Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red ARA), un estudio sobre los niveles de contaminación por mercurio en las poblaciones Ye’kuana y Sanema, en la cuenca del río Caura, «concluyó que 92% de las mujeres examinadas presentan niveles muy superiores a los 2 miligramos por kilogramo, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)». El documento responsabiliza de ese fenómeno a la minería ilegal que se practica en la zona.
La ley de la mina
Jorge ya no se toma fotos como antes, cuando trabajaba en los barrancos o lavaba oro en el río. Ya no. Desde que ocurrió la masacre de 28 mineros en una mina de Tumeremo, «la base» prohibió el uso de teléfonos celulares.
«Si lo llevas -explica Jorge-, lo tienes que entregar en la entrada y te lo devuelven al salir». Justo en ese instante, detiene la narración con simulada solemnidad y agrega, «bueno, si llegan a descubrir a uno con un celular, es triste».
«Nosotros a los de la base les decimos los malandros», confiesa. El mote no es gratuito: están armados, imponen sus propias reglas a fuego y se encargan de que ningún miembro de la comunidad desobedezca. Eso sí, en el reino del terror, el séptimo mandamiento es inviolable: «Uno puede trabajar tranquilo porque nadie te roba nada, no se pierde ni un kilo de arroz».
De tanto en tanto, la base hace reuniones con todos los mineros que trabajan en el yacimiento para «informar cualquier novedad». Nuevas reglas, nuevos impuestos, nuevos jefes. «Allí no se ve curruptela», apura a decir Jorge, para negar que en la mina donde trabaja se den fenómenos como la prostitución o el consumo de drogas, al menos no en la escala de las minas grandes.
Incluso afirma que las mujeres que ahora van a la mina se dedican a buscar oro. «Ufff, son de todas partes, tú ves a ese montón de chamitas (jóvenes) bien bonitas echando pico y barra, sacando material. Son las dos o las tres de la mañana y ellas andan cargando un saco, yendo al molino, van pendientes de sacar sus gramas, no de otra cosa».
La «otra cosa», claro, es el sexo de alquiler, que abunda en las poblaciones mineras.
Retomar el control perdido
A pesar de que el Estado mantiene el control de buena parte de los yacimientos de hierro y bauxita a través de las empresas básicas, la explotación del oro sigue estando -en buena parte- bajo la tutela de mafias ilegales. El Arco Minero del Orinoco pretende regularizar esa situación y hacer que la riqueza en Guayana esté «en sintonía con el Plan de Desarrollo de la región», destaca el decreto.
Para ello, el próximo mes debería estar listo el plan de acción en la zona, que involucra a casi todos los ministerios e incluye las propuestas del poder popular organizado. Según el decreto, la zona contará con un subsistema de seguridad para resguardar al pueblo, la infraestructura, las áreas operacionales, las actividades y los recursos.
A la par, el Ejecutivo prevé un mecanismo especial de contratación pública y un plan de exoneraciones tributarias para favorecer las inversiones en el área, así como un régimen especial aduanero que facilite los trámites para la importaciones a empresas asociadas. Todo dependerá del máximo tribunal, que aún debe decidir sobre la demanda de nulidad interpuesta el mes pasado.
Pero mientras persiste la crisis económica en el país petrolero, hombres como Jorge seguirán yendo a las minas en busca del apetecible oro cochano de Guayana, casi completamente libre de impurezas: «Porque ahí, con cualquier bateazo, te resuelves la comida. Sin matarte mucho».
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