12/08/2017/Expansión
Después de recorrer de madrugada más de 500 kilómetros en auto, el magistrado venezolano Miguel Ángel Martin se embarcó en un pequeño bote que, luego de siete horas, lo dejó en la isla de Curazao. Desde allí voló a Washington y ahora vive en un hostal.
El juez de 50 años se vio obligado a pasar por esta odisea de dos días luego que, siguiendo órdenes del presidente Nicolás Maduro, patrullas negras del servicio de inteligencia empezaran a seguirle los pasos a él y a otros 32 magistrados.
Los jueces, nombrados por el Parlamento opositor que el gobierno desconoce, han sido amenazados con penas de cárcel por «usurpación de funciones» por el tribunal supremo.
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Pero usando sus contactos e incluso cruzando la frontera a pie, ocho magistrados huyeron a Estados Unidos, seis recalaron en Colombia y otros ocho se refugiaron en las residencias de los embajadores de Chile y Panamá en Caracas, donde les han dado refugio.
«Nunca imaginé que iban a tener una reacción tan agresiva y tan voraz. Creo que ninguno lo imaginó. Sin embargo, eso no nos doblega. Seguimos manteniendo más fuertes nuestras convicciones», dijo Martin a Reuters vía telefónica.
Venezuela atraviesa una profunda crisis política y económica que ha desatado protestasantigubernamentales en las calles. Durante los más de cuatro meses que llevan las manifestaciones han muerto unas 125 personas y cientos fueron arrestados.
En medio del éxodo de la mayoría de los magistrados, tres de ellos fueron apresados y los ochos restantes permanecen en la clandestinidad, escabulléndose de las patrullas negras que circulan por Caracas.
El magistrado Ángel Zerpa fue el primero en ser capturado tras una persecución de agentes encapuchados del servicio de inteligencia (Sebin) un sábado al mediodía.
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Zerpa, un docente de larga data, era también abogado de la exfiscal general, Luisa Ortega, destituida luego de criticar fuertemente al Gobierno de Maduro. Según sus compañeros, el juez está en la sede del Sebin encadenado en un diminuto baño.
Jesús Rojas, otro juez, renunció públicamente a su cargo en un video transmitido por la televisión estatal asegurando que su nombre fue incluido en la lista de candidatos sin su consentimiento. Pero sus colegas aseguran que Rojas fue conminado a emitir esas declaraciones.
A fines del 2015, el Congreso, -entonces dominado por el oficialismo- designó a 13 magistrados titulares y 20 suplentes del tribunal supremo, en un proceso criticado por la oposición como «viciado y apresurado», apenas días antes de que asumiera un renovado parlamento controlado por los adversarios de Maduro.
Tras ello, el nuevo congreso decidió remover a esos jueces e iniciar el proceso de postulaciones que culminó a fines de julio con el nombramiento de los 33 magistrados, que no han sido reconocidos por la justicia ni el Gobierno.
¿Tribunal paralelo?
Apenas horas después de haber jurado en una sesión del Congreso realizada en una plaza de Caracas, Maduro amenazó con cárcel a los jueces. Y esa misma noche, relataron cinco magistrados a Reuters, inició su cacería.
«Después de nuestra juramentación, empezaron una serie de amenazas de todo tipo y persecución de parte de los órganos de inteligencia: pasaron por nuestras residencias, por nuestras oficinas y eso generó las señales de alerta», relató Alejandro Rebolledo, uno de los jueces que huyó a Estados Unidos.
«No conocemos ninguna orden de arresto pero, dentro del país, en los diferentes aeropuertos y aduanas, están nuestras fotografías para alertar a funcionarios para que cuando estuviéramos allí nos detuvieran», agregó vía telefónica.
Rebolledo, un juez experto en legitimación de capitales no quiso revelar detalles de su huida ni sus acompañantes por temor a represalias. Sólo dijo que ahora vive en casa de «amigos» en Miami desde fines de julio.
Los 14 magistrados que salieron de Venezuela tienen reuniones telefónicas o por Skype para coordinar los próximos pasos a seguir, comentó Rebolledo.
«No es momento de medias tintas, es momento de posiciones firmes, contundentes y valientes, que es lo que espera el pueblo», dijo Rebolledo. «En Venezuela hay sed de justicia».
Los jueces planean viajar a otros países para denunciar lo que califican como una «ruptura del hilo constitucional» en Venezuela.
Además, quieren que otros países se unan a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios venezolanos e insisten en que no son un tribunal paralelo, sino los máximos representantes del poder judicial.
«Todas las sentencias que produzca el Tribunal Supremo sin nuestra firma, no tienen validez», dijo Martin, desde el hostal en Washington. «Para la transición en Venezuela ya tenemos un poder judicial».
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