Implantación de Democracia con nuevas políticas y estrategias de derecha

24-08-2026

Lcda. Oriana García

De la ideología a la gestión_artículo Moreno-García

De la ideología a la gestión: el nuevo desafío político de América Latina

“Patricio Moreno (Ex-subsecretarío de Educación del distrito metropolitano de Quito) y Oriana García (Politólogo Analista internacional)”

Hay momentos en la historia política de una región en los que las sociedades dejan de preguntarse únicamente quién debe gobernarlas y comienzan a hacerse una pregunta mucho más concreta: ¿quién puede hacer que las cosas funcionen?

América Latina está atravesando uno de esos momentos.

Durante buena parte de las últimas dos décadas, la región estuvo marcada por gobiernos y movimientos identificados con la izquierda. Hoy el escenario político parece estar cambiando. Las opciones de derecha, centroderecha, conservadoras y libertarias han ganado espacio y, en varios países, han llegado al poder. Ecuador mantiene el gobierno de Daniel Noboa, quien fue reelegido en 2025 con el 55,63% de los votos; Perú acaba de elegir a Keiko Fujimori, una candidata conservadora, con apenas 50,135% frente al 49,865% obtenido por el candidato de izquierda Roberto Sánchez; y Colombia acaba de cerrar un proceso electoral que llevó a la Presidencia a Abelardo de la Espriella, representante de una derecha populista y nacional.

Pero sería demasiado simple afirmar que América Latina simplemente “se está volviendo de derecha”.

Lo que estamos viendo parece tener una explicación más profunda. Más que un desplazamiento ideológico perfectamente definido, existe una ciudadanía que ha perdido confianza en las instituciones y que está buscando nuevas respuestas frente a problemas que durante años no han encontrado solución.

La encuesta sobre confianza en las instituciones públicas de la OCDE ofrece una fotografía preocupante: apenas el 35% de los ciudadanos consultados en América Latina y el Caribe manifiesta una confianza alta o moderadamente alta en su gobierno nacional, mientras que el 48% expresa poca o ninguna confianza. En Perú, el nivel de confianza en el gobierno nacional se sitúa en apenas el 20%.

Ese dato, más que cualquier mapa ideológico, ayuda a entender parte de lo que está ocurriendo.

Cuando las instituciones pierden credibilidad, los ciudadanos empiezan a buscar alternativas. Y cuando los gobiernos no consiguen responder a la inseguridad, al desempleo, al costo de vida, a la falta de oportunidades o al deterioro de los servicios públicos, el voto termina convirtiéndose también en una forma de protesta.

Por eso, sería un error interpretar el actual momento latinoamericano únicamente como un rechazo a la izquierda. En muchos casos, lo que existe es un rechazo a la incapacidad de los gobiernos para resolver.

El ciudadano no necesariamente se ha enamorado de la derecha. Está cansado de que la política no consiga transformar su realidad.

Ese cambio es importante porque modifica también la responsabilidad de quienes hoy están llegando al poder desde la derecha.

La nueva derecha latinoamericana tiene una oportunidad enorme, pero también una obligación todavía mayor: demostrar que sus principios pueden convertirse en resultados.

Pero, antes de discutir qué puede hacer esta nueva derecha, conviene preguntarnos qué significa realmente hablar de “derecha” en la América Latina de hoy.

¿A qué se refiere “derecha” hoy?

Cuando hablamos de inclinaciones políticas podemos denotar políticas de izquierda, centro democrático y derecha. Considerando la vertiente de derecha, sobre todo en este 2026, no es solo hablar de menos Estado. Es imprescindible hablar y destacar tres corrientes principales que están impulsando nuevas estrategias democráticas:

  1. Derecha liberal/libertaria: con un enfoque en libertades individuales, Estado pequeño y economía de mercado.
  2. Derecha conservadora: con un enfoque en instituciones, familia, orden y soberanía nacional.
  3. Derecha populista/nacional: con un enfoque en anticorrupción, seguridad y “devolver el poder al pueblo” frente a las élites.

Todas estas estrategias se pueden ver evidenciadas en la actualidad en países de América Latina, reconectando o implantando en la sociedad la democracia, buscando conectar directamente con la gente, tomando en cuenta las siguientes claves.

Una de ellas es la democracia directa junto a la tecnología. Entonces vemos desarrollado un nuevo escenario en el que la política se relaciona con el voto digital, los plebiscitos vinculantes por aplicación y los presupuestos participativos. La estrategia consiste en “quitarle poder a los intermediarios” y usar blockchain para transparencia en el gasto público. El propósito es decir: “la gente decide, no los partidos”.

Así está funcionando en Latinoamérica con el fin de convencer de que la derecha es el camino en medio de todas las tempestades políticas.

Aparece entonces otro concepto fundamental: el Estado eficiente, no ausente, con el propósito de ganar confianza en las comunidades. Si el Estado es malo, entonces la gente deja de creer en la democracia, tomando en cuenta que va más allá de la función pública: es ejercer honestidad sobre las mismas.

También aparece la seguridad como base de la libertad.

En la política, por ejemplo, se plantea la tolerancia cero al crimen y el apoyo a las instituciones, aplicando mano dura más respeto al debido proceso, como es el caso de El Salvador.

La narrativa y el territorio también utilizan estrategias. Una política con rostro humano, pero desde la derecha, se expresa en emprendimientos, mesas de trabajo, mérito y en mostrar casos reales de gente que progresó, con el propósito de dejar de verse como “élite” y conectar mejor con las personas.

Son desafíos que se pueden señalar y cabe preguntarse: ¿cómo garantizas oportunidades si reduces mucho el Estado social?

Es importante denotar que los jóvenes necesitan formación política y financiera y conectarse con los problemas reales de un país, entender que va más allá de aspirar a un trabajo: es cómo ese trabajo va a ser utilizado para que las cosas funcionen realmente.

Se corre el riesgo también de usar la “democracia directa” para saltarse contrapesos como cortes y Congreso, pero puede verse en políticas aplicadas desde la izquierda para sostener su discurso y mantenerse en el poder.

Pues la nueva apuesta de la derecha en democracia es: menos burocracia + más libertad individual + más seguridad + más tecnología + más cercanía territorial, buscando como idea central que “hay que hacer que funcione en la vida diaria de las personas”.

Implantando democracia con propósito, convirtiendo la política en rostro humano.

Pues en Latinoamérica la derecha ya no habla solo de números. Habla de gente. Y eso está cambiando la forma de hacer política.

No se está gobernando desde la vieja escuela, no desde el escritorio, sino desde la calle. No con discursos vacíos, sino con decisiones que cambian vidas.

En los últimos años, Latinoamérica entendió algo doloroso: una democracia sin resultados es una democracia que se vacía. Pues los países dejaron de creer porque dejaron de sentir respuesta frente a los problemas reales de todos.

Por eso surge una nueva forma de hacer política desde la derecha. Una que no niega el Estado, lo exige eficiente. Una que no le teme a la libertad, la defiende con orden. Una que no esconde el rostro, lo pone al frente.

Y es por ello que recuperar la confianza se vuelve clave.

Porque la primera política pública es que una madre pueda mandar a su hijo al colegio sin temor.

El Estado que sirve, no que estorba. El propósito es quitar la burocracia que ahoga y dejar lo que protege: haciendo que funcione un Estado de derecho correctamente, con condiciones dignas de salud, educación y seguridad.

Tecnología para que un trámite dure minutos, no meses.

Transparencia para que cada dólar tenga nombre y apellido.

La democracia no se salva sola. Se salva cuando tiene propósito.

Se salva cuando encendemos las flechas y disparamos contra la corrupción, contra la pobreza, contra la indiferencia.

El propósito político que está implantándose no busca tener poder. Es que el poder sirva.

Porque si mi trabajo no cambia vidas, no tiene propósito.

Y Latinoamérica merece una política que se atreva a cambiar la dinámica.

La política que viene no es de izquierda o derecha. Es de resultados.

Es seguridad para que puedas vivir en paz.

Es un Estado que te resuelve, no que te atrasa.

Es tecnología para que decidas.

Es rostro humano para que te escuchen.

Y Latinoamérica necesita líderes que se atrevan a saltar, buscando causas, no apariencias, y estén dispuestos a construir.

En los últimos dos años, la derecha en Latinoamérica cambió bastante. Ya no es solo el “ajuste económico”. Ahora el discurso central es salvar la democracia haciéndola funcionar, utilizando el orden y la libertad como base democrática.

En fin, los tres grandes desafíos en Latinoamérica están en lo social, haciendo el “Estado eficiente” sin que la gente sienta que le quitas salud, educación, subsidios o su dignidad; en la institucionalidad, que es imprescindible para el manejo del discurso; y en la idea de implantar democracia no solo con elecciones, sino con resultados: que puedas salir, emprender, escuchar y ejercer el poder con acciones palpables.

Pero definir las características de esta nueva derecha es apenas el primer paso. La verdadera discusión comienza cuando estas ideas dejan de ser discurso político y deben convertirse en decisiones de gobierno.

La responsabilidad fiscal, la libertad económica, la reducción de la burocracia, la iniciativa privada, la seguridad y la eficiencia del Estado responden a demandas reales de nuestras sociedades. Pero ninguna de esas ideas constituye por sí misma una política pública exitosa.

Reducir el tamaño del Estado no garantiza automáticamente que el Estado funcione mejor. Privatizar un servicio no significa necesariamente que ese servicio vaya a mejorar. Reducir impuestos no produce por sí solo desarrollo. Y hablar de libertad económica no resuelve automáticamente los problemas de seguridad, educación, salud o vivienda.

La discusión debería ser mucho más seria.

No se trata solamente de decidir si necesitamos más Estado o menos Estado. Se trata de preguntarnos qué Estado necesitamos y, sobre todo, qué Estado somos capaces de construir.

América Latina necesita un Estado que pueda garantizar seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura y planificación, pero que al mismo tiempo sea capaz de eliminar burocracias innecesarias, reducir trámites, facilitar la inversión, promover el emprendimiento y utilizar responsablemente los recursos públicos.

En otras palabras, necesitamos discutir menos sobre el tamaño del Estado y mucho más sobre su capacidad.

Esta discusión adquiere particular relevancia cuando observamos lo que ocurre en diferentes países de la región.

Ecuador ofrece un ejemplo claro. Daniel Noboa fue reelegido en abril de 2025 con el 55,63% de los votos, en un contexto en el que la seguridad y la violencia ocuparon un lugar central en la discusión nacional. El resultado electoral mostró que una parte importante del electorado estaba dispuesta a respaldar una propuesta que colocaba la recuperación del control y la seguridad entre sus prioridades.

Perú representa otro escenario. La elección de 2026 terminó con una diferencia de apenas unos 50.000 votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos frente al 49,865% de Sánchez y se convirtió en presidenta después de una campaña marcada por la seguridad, la polarización y una profunda fragmentación política.

Colombia acaba de vivir también un cambio político significativo. Las elecciones presidenciales de 2026 llevaron al poder a Abelardo de la Espriella, una figura identificada con la derecha populista y nacional, después de un proceso electoral que culminó en una segunda vuelta el 21 de junio.

Venezuela representa, probablemente, el caso más complejo de todos. Allí la discusión política no puede reducirse a la tradicional confrontación entre izquierda y derecha. El desafío pasa por recuperar instituciones, reconstruir confianza y volver a colocar al ciudadano en el centro de la acción pública. Su experiencia constituye, además, una referencia inevitable para toda América Latina cuando se discute qué ocurre cuando las instituciones democráticas pierden capacidad para actuar como contrapeso al poder.

Cuatro países, cuatro realidades distintas y cuatro procesos políticos que no pueden colocarse dentro de una misma categoría. Pero existe una preocupación común: la necesidad de recuperar la capacidad de gobernar.

Y aquí, precisamente, comienza el verdadero desafío de la nueva derecha latinoamericana.

Porque una cosa es ganar una elección prometiendo eficiencia y otra muy diferente es administrar eficientemente.

Después de varios años de experiencia vinculados a la administración pública, se ha podido comprobar que entre una decisión política y el ciudadano existe una enorme cadena de procesos: planificación, presupuesto, normativa, contratación, ejecución, supervisión y evaluación. Una política pública puede ser excelente en el papel y fracasar completamente cuando llega a la realidad.

Por eso, gobernar no debería consistir únicamente en anunciar políticas, aprobar presupuestos o inaugurar obras.

Gobernar significa conseguir que las cosas funcionen.

Durante mucho tiempo hemos confundido gestión pública con ejecución presupuestaria. Un gobierno anuncia cuánto dinero ejecutó, cuántas obras construyó, cuántos programas creó o cuántas instituciones puso en funcionamiento, y esas cifras se presentan como indicadores de éxito.

Pero la pregunta más importante suele quedar fuera de las estadísticas: ¿qué cambió en la vida de las personas?

Una escuela construida no es necesariamente una mejor educación. Un hospital inaugurado no garantiza una mejor atención. Una carretera nueva no significa automáticamente una mejor movilidad. Un programa social no puede considerarse exitoso solamente porque tenga miles de beneficiarios.

La verdadera medida debería estar en el impacto.

¿Mejoró la educación de un niño? ¿Disminuyó el tiempo que una persona necesita para llegar a su trabajo? ¿Una familia consiguió acceder a una vivienda? ¿Un barrio es ahora más seguro? ¿Un emprendedor puede abrir un negocio con menos obstáculos? ¿El ciudadano recibe un servicio público de mejor calidad?

Esa debería ser la nueva cultura de la gestión pública.

El éxito de un gobierno no debería medirse solamente por cuánto ejecuta el Estado, sino por cuánto transforma la vida del ciudadano.

Dentro de la arquitectura y el urbanismo, esta reflexión adquiere una dimensión adicional. Las decisiones políticas terminan materializándose en el territorio. La política pública no permanece en el discurso de un presidente, en una ley aprobada por un parlamento o en un plan de gobierno. Termina convirtiéndose en una escuela, una carretera, un hospital, una vivienda, un sistema de transporte, un parque o una infraestructura que puede acercar o alejar oportunidades.

El ciudadano experimenta al Estado en su vida cotidiana y, muchas veces, lo experimenta territorialmente.

Por eso, la verdadera prueba de cualquier modelo político no debería ser solamente su capacidad para ganar elecciones o defender una determinada ideología. Debería ser su capacidad para construir territorios que funcionen para la gente y mejoren su calidad de vida.

Esta es, quizá, la mayor oportunidad que tiene hoy América Latina.

Pero también es su mayor riesgo.

La nueva derecha puede caer en la tentación de convertir la eficiencia en una simple reducción del gasto público, de confundir libertad económica con ausencia de regulación o de pensar que el mercado puede resolver por sí solo todos los problemas de la sociedad.

No debería ser así.

Un Estado demasiado grande puede ser ineficiente, burocrático y costoso. Pero un Estado demasiado débil puede abandonar territorios, permitir que crezca la informalidad, perder capacidad para garantizar seguridad y dejar espacios que terminan siendo ocupados por otros poderes.

La discusión, entonces, no debería ser entre un Estado omnipresente y un Estado ausente.

Necesitamos un Estado que sepa dónde intervenir, cuándo intervenir y, sobre todo, cómo hacerlo bien.

Un Estado que no sea un obstáculo para quien quiere emprender, pero que tampoco abandone a quien necesita protección. Un Estado que pueda trabajar con el sector privado sin renunciar al interés público. Un Estado que sea capaz de controlar y regular cuando sea necesario, pero que también sepa retirarse cuando su intervención deja de generar valor.

Ese equilibrio será una de las grandes pruebas de los gobiernos de derecha que están surgiendo en América Latina.

Porque el ciudadano que hoy vota por una alternativa de derecha no está entregando un cheque en blanco. Está depositando una expectativa.

Espera seguridad. Espera empleo. Espera estabilidad. Espera menos burocracia. Espera mejores servicios. Espera que el esfuerzo individual vuelva a tener sentido. Espera, en definitiva, vivir mejor.

Y si esas expectativas no se cumplen, el péndulo político volverá a moverse.

Por eso, no creemos que el futuro de América Latina deba plantearse simplemente como una batalla entre izquierda y derecha. La verdadera disputa será entre gobiernos capaces de producir resultados y gobiernos incapaces de hacerlo.

La izquierda tendrá que demostrar que puede defender la justicia social sin sacrificar la eficiencia, la institucionalidad y el crecimiento. La derecha tendrá que demostrar que puede defender la libertad, la iniciativa privada y la responsabilidad fiscal sin abandonar al ciudadano y sin debilitar las instituciones que sostienen la democracia.

Ambas tendrán que entender que una democracia no se fortalece únicamente cuando se gana una elección. Se fortalece cuando un ciudadano puede confiar en que las instituciones funcionan, cuando sus impuestos regresan en servicios, cuando puede caminar seguro por su barrio, cuando sus hijos tienen oportunidades y cuando el Estado deja de ser una promesa para convertirse en una respuesta.

Quizá ese sea el verdadero significado del nuevo ciclo político que atraviesa América Latina.

No se trata simplemente de construir Estados más grandes o más pequeños. Se trata de construir Estados que funcionen.

Y, sobre todo, de construir territorios que funcionen para la gente.

Porque al final, el ciudadano no vive dentro de una ideología.

Vive en un territorio.

Y ese territorio tiene que funcionar.

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