27/07/2026/Lcdo. Victor Gomez, C.N.P. 22.123
Luego de que el Gobierno de Venezuela formalizara su decisión de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal con sede en La Haya emitió un pronunciamiento oficial en el que lamentó la postura adoptada por el Estado venezolano y precisó los alcances legales de la medida.
El tribunal internacional recordó que, de acuerdo con las normativas que rigen el organismo, el proceso de desvinculación no es de carácter inmediato y la nación sudamericana mantiene compromisos vigentes con la justicia global.
«El artículo 127 del Estatuto de Roma establece que la renuncia de un Estado surte efecto formal un año después de notificarse formalmente ante la ONU, manteniéndose vigentes sus obligaciones procesales durante ese período.»
Un año de transición y vigencia de las investigaciones
Desde La Haya, voceros del tribunal explicaron que la notificación de salida no afecta en absoluto las investigaciones, exámenes preliminares o procedimientos penales que se hayan iniciado antes de la fecha de efectividad del retiro. Durante los próximos 12 meses, Venezuela sigue legalmente obligada a cooperar con las peticiones de información, diligencias y requerimientos de la Fiscalía de la CPI.
La desvinculación no interrumpe el examen ni las causas sobre presuntos crímenes contra la humanidad que ya se encuentran bajo la jurisdicción del tribunal. Aunque la CPI reconoció que la adhesión o retiro de un tratado es un acto soberano de cada nación, instó a reconsiderar acciones que debiliten la lucha global contra la impunidad.
La posición del Ejecutivo venezolano
The Brussels Times Por su parte, la Cancillería venezolana justificó la decisión señalando lo que considera un «sesgo geográfico y político» por parte del organismo internacional, argumentando que las acciones de la Corte se han enfocado de manera desproporcionada sobre países del Sur Global y rechazando lo que definieron como una instrumentalización de la justicia internacional.
A pesar del anuncio de salida, el marco jurídico internacional fija que los casos abiertos bajo la competencia de La Haya mantendrán su curso regular, abriendo una fase de un año en la que se evaluará el cumplimiento de los mecanismos de cooperación estipulados en el tratado multilateral.
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