05/07/2026/Lcdo. Victor Gomez, C.N.P. 22.123
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó el triunfo de la candidata de Fuerza Popular por una diferencia de apenas 0,27% de los votos. Gobernará el país durante el periodo constitucional 2026-2031.
En un acto institucional de trascendencia histórica, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente este viernes a Keiko Fujimori como la nueva presidenta electa de la República de Perú. Tras superar al candidato Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 21 de junio, la líder de Fuerza Popular se convertirá en la novena jefa de Estado que asume las riendas del país en una convulsa década política.
“Proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República”, declaró el presidente del JNE, Roberto Burneo, desde la sede del máximo organismo electoral. La fórmula gubernamental de cara al quinquenio 2026-2031 quedará integrada por Fujimori en la presidencia, Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente.
Durante su comparecencia, Burneo subrayó que el resultado democrático representa la «voluntad soberana de millones de peruanos» y admitió que este proceso electoral ha constituido uno de los mayores desafíos organizativos e institucionales en la historia reciente de la nación, habiendo coordinado la participación inicial de 35 fórmulas presidenciales bajo un estricto despliegue logístico.
Victoria histórica tras tres intentos previos
Con este dictamen oficial, Fujimori logra acceder a la jefatura de Estado tras haber competido y quedado en segundo lugar en las citas electorales de 2011, 2016 y 2021. De acuerdo con los datos validados por el ente electoral, la victoria se consolidó por un estrecho margen de 49.641 votos de diferencia sobre su contendiente, lo que equivale a una ventaja de solo el 0,27%.
A través de sus redes sociales oficiales, la presidenta electa manifestó su profundo agradecimiento a la ciudadanía y delineó las prioridades inmediatas de su agenda. “Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, expresó la dirigente conservadora.
Impugnaciones y solicitudes ante la CIDH
La proclamación del JNE se produce en un entorno de alta tensión política. Horas antes del pronunciamiento del tribunal electoral, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, calificó la convocatoria del acto como un “craso error” y acusó a la máxima autoridad del JNE de no garantizar plenamente el debido proceso ante las actas observadas.
Sánchez exigió «transparencia total» un día después de haber solicitado formalmente medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fundamentando su reclamo en presuntos cambios de reglas en pleno desarrollo del proceso electoral.
A pesar de los cuestionamientos de la oposición, el cronograma oficial sigue su curso. El JNE confirmó que la entrega formal de credenciales a la fórmula presidencial ganadora se llevará a cabo el próximo 15 de julio a mediodía en las instalaciones del Teatro Nacional de Lima, paso protocolar definitivo previo a la toma de posesión.
Respaldo y felicitación de la Unión Europea
En el plano internacional, la Unión Europea (UE) extendió sus felicitaciones a Keiko Fujimori a través de un comunicado oficial emitido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). El bloque comunitario manifestó su disposición para seguir colaborando estrechamente con el nuevo Ejecutivo peruano en áreas estratégicas como el diálogo político, la seguridad, el desarrollo sostenible y los acuerdos comerciales englobados en la agenda de inversiones globales Global Gateway.
Asimismo, el comunicado europeo recordó que el despliegue de su Misión de Observación Electoral (MOE), invitada formalmente por las autoridades locales, contribuyó decididamente a la transparencia y credibilidad de los comicios, reafirmando los «profundos lazos» institucionales y el compromiso compartido entre Bruselas y Lima hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho.
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