17/05/2026/Lcdo. Victor Gomez, El Crepuscular/
En un movimiento político y jurídico sin precedentes, el gobierno venezolano confirmó la entrega a las autoridades de los Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, señalado por la justicia norteamericana como el presunto principal operador financiero del entorno de Nicolás Maduro. La medida se ejecutó este sábado a través de una orden de «deportación» inmediata, una maniobra legal que elude el complejo y restrictivo proceso de extradición.
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) notificó la expulsión del territorio nacional alegando la condición de «ciudadano extranjero de nacionalidad colombiana» de Saab, lo que permitió sortear el artículo 69 de la Constitución venezolana, el cual prohíbe taxativamente la extradición de nacionales. El operativo se consolidó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde Saab fue recibido por agentes federales de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Un giro drástico tras meses de hermetismo
La salida de Saab del país marca el colapso definitivo de su influencia dentro de la estructura estatal venezolana. Tras haber regresado a Caracas en diciembre de 2023 producto de un canje humanitario bajo la administración de Joe Biden, Saab fue integrado formalmente al Ejecutivo, llegando a asumir la cartera del Ministerio de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024.
Sin embargo, su posición se debilitó drásticamente a inicios de este año tras una reestructuración de ministerios que forzó su salida del cargo el pasado 16 de enero. Fuentes extraoficiales habían reportado su detención bajo un estricto secretismo institucional el pasado mes de febrero, coincidiendo con un reajuste interno en los círculos de confianza del palacio de gobierno.
Implicaciones internacionales y judiciales
Minutos después de confirmarse el despegue de la aeronave desde la capital venezolana, el empresario aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Florida. Con esta acción, Saab vuelve a quedar bajo la jurisdicción de los tribunales federales estadounidenses, donde enfrenta cargos por presunta conspiración y lavado de activos vinculados a una red de sobrefacturación en contratos estatales de alimentación y vivienda.
Analistas internacionales coinciden en que el uso de la figura de la deportación en lugar de la extradición tradicional que requiere el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respondió a una necesidad de celeridad procesal y conveniencia política en medio de las actuales transformaciones del mapa político en Venezuela. La reapertura de su caso en los Estados Unidos genera una alta expectativa global debido al volumen de información financiera y logística sobre el movimiento de capitales que el procesado manejó durante la última década.
Deja una respuesta